Por: Fernando Pérez Tapia
Ph.D (c) en Educación y Liderazgo, Magister en Administración de Empresas, Contador Auditor, Licenciado en Educación, especilista en Auditoría Forense, Compliance y Gobernanza Educacional.
Soy melipillano. Llevo más de 42 años conociendo de cerca el pulso y las complejidades de esta comuna. Es desde esta doble perspectiva —la del experto en gobernanza educativa y auditoría forense, y la del ciudadano profundamente arraigado— que he llegado a una verdad ineludible: la calidad pedagógica nunca puede sostenerse sobre la base de una gestión administrativa y financiera deficitaria. La Provincia de Melipilla, que se prepara para el traspaso a un Servicio Local de Educación Pública (SLEP) en 2027 (tras la extensión del calendario anunciada por el Ministerio de Educación), es el caso de estudio perfecto de esta peligrosa dicotomía.
La pregunta clave no es si la Ley 21.040 es el camino correcto, sino si la Provincia de Melipilla, en su conjunto, que agrupa las comunas de Melipilla, Alhué, Curacaví, María Pinto y San Pedro (según el decreto que define su ámbito de competencia territorial), está preparada para subirse a ese vehículo institucional. La respuesta corta es contundente: no lo está, al menos no administrativamente.
Melipilla hoy presenta una valiosa excelencia académica —sus establecimientos municipales superan la media nacional en el SIMCE (de acuerdo con el ranking 2024), con diecisiete unidades educativas que obtuvieron la Subvención por Desempeño de Excelencia (según los datos de Subvención por Desempeño)— que coexiste con una profunda y peligrosa inviabilidad de gestión.
El Diagnóstico del Auditor: Las Fallas Sistémicas de la Central
Como auditor, me centro en los números y en el control. Y en la administración educativa central de Melipilla, ambos gritan una advertencia severa, demostrando una impreparación que raya en la negligencia:
- La Inviabilidad Financiera Crónica: Un sistema que se mantiene a flote solo porque el municipio inyecta hasta un 11% de recursos propios para cubrir el pago de los sueldos líquidos de los profesores, no es meramente ineficiente; es estructuralmente insostenible (según lo confirma el perfil de cargo de la administración municipal, que detalla la necesidad de este traspaso). Esta dependencia financiera es la antítesis de la autonomía y profesionalización que se espera del SLEP.
- El Fracaso del Control Interno y el Riesgo de Compliance: La alerta más grave proviene de la Contraloría General de la República (CGR), que ha detectado “graves deficiencias en el control financiero” de la Municipalidad de Melipilla (según un informe de fiscalización de la CGR). Desde mi óptica de compliance, esta combinación de déficit recurrente y fallas en el control de gastos es un riesgo institucional extremo. Significa que la accountability financiera ha sido débil, y que el nuevo Servicio Local heredará un volumen de información contable y administrativa caótico.
- El Pasivo Silencioso: Una Deuda Técnica Abismal: El PADEM 2024 revela la magnitud de la impreparación en infraestructura (como detalla el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal de la Corporación). Hablamos de deuda técnica urgente con proyectos que requieren reparaciones de emergencia en cubiertas de jardines infantiles (según el PADEM), déficits que impiden obtener el Reconocimiento Oficial, e incluso un proyecto clave de reposición total de una sala cuna que, estando adjudicado, se encuentra en proceso de resciliación (datos específicos del PADEM 2024), un síntoma claro de ineficacia en la gestión de la inversión pública.
El Riesgo de Transferir el Caos Multicomunal
Aquí radica la verdadera complejidad del traspaso. El SLEP de Melipilla no es una unidad simple; es un sostenedor que debe administrar la educación pública de cinco comunas.
Mi experiencia en la evaluación de los primeros SLEP me indica que el riesgo más alto es el colapso administrativo post-traspaso, provocado por la calidad de la información heredada (de acuerdo con estudios y evaluaciones de la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública).
Si la Corporación Municipal de Melipilla, sede del futuro SLEP, entrega un sistema con “graves deficiencias en el control financiero” (según el informe de la CGR) y desorden en la dotación docente, ese caos administrativo se va a exportar de manera inmediata a las cuatro comunas restantes. El nuevo equipo de gestión se verá “sobrecargado y frustrado” dedicando sus recursos no a la mejora de la calidad educativa, sino a la “orden, búsqueda, y saneamiento de información” (situación recurrente en los primeros SLEP, según estudios de la UNESCO) que debió llegar limpia. El fracaso en sanear los libros de Melipilla puede minar la legitimidad de la Nueva Educación Pública en toda la provincia, poniendo en riesgo el primer pago de remuneraciones en 2027 (como ocurrió en la experiencia de otros SLEP).
La Preparación es una Cirugía: Demandas para la Transición 2025-2027
El aplazamiento del calendario de traspaso hasta 2027 (confirmado por el Ministerio de Educación) es un tiempo que debe ser utilizado, no desperdiciado. Melipilla solo estará preparada si la Dirección de Educación Pública (DEP) y las autoridades competentes ejecutan las siguientes acciones con carácter urgente:
- Auditoría Forense Provincial y Saneamiento Anticipado: Es imperativo que la DEP asuma la responsabilidad de auditar y sanear la información de Recursos Humanos y financiera de la Corporación antes de que el nuevo Director Ejecutivo, que tendrá un mandato de seis años (como exige la Ley N° 21.040), asuma. No se puede permitir que el líder comience su gestión como un liquidador de una empresa en quiebra administrativa (de acuerdo con las lecciones aprendidas de los primeros SLEP).
- Activación Expedita del Protocolo de Deuda: El Protocolo de Deuda municipal (mediante la Resolución exenta N°4.795 de la Subsecretaría de Educación) debe activarse con celeridad para que el Estado absorba la deuda histórica (originada por el déficit financiero estructural), inyectando certidumbre laboral.
- Liderazgo Pedagógico en Red, Pese a Todo: Paralelamente al saneamiento, el futuro SLEP debe aprovechar el activo de excelencia académica que ya existe. Su equipo debe estar listo para implementar inmediatamente el mandato de trabajo en red (como exige la Ley N° 21.040), permitiendo que las escuelas con alto desempeño en Melipilla repliquen sus mejores prácticas en los establecimientos de las comunas más pequeñas de la provincia. Además, el nuevo Fondo de Infraestructura para la Educación Pública (con la propuesta de ley para la creación de este fondo) debe ser el vehículo inmediato para extinguir la deuda técnica y liberar al equipo de gestión.
La preparación de Melipilla y su provincia no es un evento en 2027; es un proceso urgente de gestión de crisis que debe iniciarse hoy. De lo contrario, la calidad de la educación de la provincia, que tanto ha costado construir, quedará sepultada bajo el peso de un pasivo administrativo que nadie quiso limpiar.